El estudio Doing Business mide los derechos legales de los prestatarios y prestamistas respecto de las transacciones garantizadas (a través de un grupo de indicadores); así como la difusión de información crediticia (a través de otro grupo de indicadores). El primer grupo de indicadores mide en qué medida ciertas características facilitan los préstamos que existen dentro de las leyes vigentes sobre garantías mobiliarias y quiebra. El segundo grupo mide la cobertura, alcance, calidad y accesibilidad de la información crediticia disponible a través de los proveedores de servicios de información crediticia, tales como burós de crédito o registros de crédito. La clasificación en la facilidad de obtención de crédito se determina al ordenar la puntuación de cada economía. La puntuación de cada economía es la suma de las puntuaciones del índice de fortaleza de los derechos legales y el índice de alcance de la información crediticia.

DERECHOS LEGALES DE LOS PRESTATARIOS Y PRESTAMISTAS

Los datos sobre los derechos legales de prestatarios y prestamistas se recopilan a través de un cuestionario enviado a abogados financieros, dichos datos son verificados mediante el análisis de las leyes y regulaciones, así como de las fuentes públicas de información sobre leyes de garantías mobiliarias y quiebra. Las respuestas al cuestionario son verificadas a través de varias rondas de seguimiento tanto con los participantes como con terceras partes y fuentes públicas. Los datos del cuestionario son confirmados mediante teleconferencias o visitas in situ en todas las economías.

Índice de fortaleza de los derechos legales

El índice de fortaleza de los derechos legales mide el grado en que las leyes de garantías mobiliarias y de quiebra protegen los derechos de acreedores y deudores, facilitando así los préstamos. Para cada economía, primero se analiza si existe un sistema unitario para las transacciones garantizadas. Después, se usan dos escenarios, escenario A y escenario B, para determinar cómo se crea, publicita y se hace cumplir un derecho de prenda sin desplazamiento según la ley. Se da un énfasis especial al funcionamiento del registro de garantías (en caso en de que exista la posibilidad de registrar las garantías). Los escenarios incluyen un prestatario garantizado, la empresa ABC, y un prestamista garantizado, BizBank.

En algunas economías, el marco jurídico de las transacciones garantizadas solo permitirá que uno de los escenarios, A o B (pero no los dos), se aplique. Ambos escenarios examinan el mismo tipo de disposiciones legales referentes al uso de garantías mobiliarias.

Éstos son los supuestos sobre el prestamista garantizado (BizBank) y el prestatario (ABC):

•  ABC es una sociedad nacional de responsabilidad limitada (o su equivalente legal).

•  ABC tiene un máximo de 50 empleados.

•  ABC tiene su sede y única base de operaciones en la principal ciudad para hacer negocios de la economía. En 11 economías, también se recolectan datos para la segunda ciudad más importante para hacer negocios.

•  Tanto ABC como BizBank son de propiedad doméstica al 100%.

Los casos también presentan una serie de supuestos. En el caso A, para garantizar el préstamo, ABC concede a BizBank un derecho de prenda sin desplazamiento sobre una categoría de bienes muebles, por ejemplo, la maquinaria o el inventario. ABC quiere conservar tanto la posesión como la propiedad del bien sobre el que constituye garantía. En las economías en las que la ley no permita la constitución de derechos de prenda sin desplazamiento sobre bienes muebles, ABC y BizBank recurren a un acuerdo de transferencia fiduciaria del título (u otra modalidad similar que sustituya al derecho de garantía sin desplazamiento).

En el caso B, ABC establece a favor de BizBank una garantía sobre la empresa, sobre el negocio, garantía flotante, o cualquier otra obligación que otorgue a BizBank un derecho de garantía sobre un grupo de bienes muebles de ABC (o tantos bienes muebles de ABC como sea posible). ABC conserva la propiedad y la posesión de los bienes.

El índice de fortaleza de los derechos legales cubre equivalentes funcionales de garantía sobre bienes muebles (por ejemplo, leasing financieros y ventas con retención de título) solo en su primer componente, para valorar hasta qué punto está integrado o unificado el marco jurídico de las transacciones garantizadas de la economía en cuestión.

El índice de fortaleza de los derechos legales incluye 10 aspectos relacionados con las leyes relativas a las garantías mobiliarias y 2 aspectos relacionados con las leyes de la quiebra. Se asigna una puntuación de 1 para cada una de las siguientes características de las leyes:

•  La economía tiene un marco jurídico de transacciones garantizadas integrado o unificado, que cubre la creación, publicidad y cumplimiento de equivalentes funcionales a garantías sobre bienes muebles: transferencia fiduciaria de título; prestamos financieros; transferencia o asignación de efectos a cobrar; y ventas con retención de título.

•  La ley permite a una empresa conceder derechos de prenda sin desplazamiento en una única categoría de bienes muebles (como cuenta por cobrar, bienes muebles tangibles e inventario), sin requerir una descripción específica de las garantías.

•  La ley permite a una empresa conceder derechos de prenda sin desplazamiento sobre substancialmente todos sus bienes muebles, sin requerir una descripción específica de las garantías.

•  Se puede conceder un derecho de garantía sobre bienes futuros y bienes adquiridos con posterioridad y se extiende automáticamente a los productos, ganancias o sustitución de los bienes originales.

•  Todo tipo de deudas y obligaciones pueden ser garantizadas entre las partes y se permite una descripción general de los bienes y obligaciones en el acuerdo de garantía y en los documentos de registro.

•  Un registro de garantías o institución registral para garantías sobre bienes muebles por entidades incorporadas y no incorporadas está en funcionamiento, unificado geográficamente y tiene una base de datos electrónica indexada por los nombres de los deudores.

•  El registro de garantías es un registro de notificación – un registro que archiva únicamente una notificación sobre la existencia de garantías (no los documentos relacionados) y no lleva a cabo una revisión jurídica de la transacción. El registro también publicita equivalentes funcionales a garantías reales.

•  El registro de garantías tiene rasgos modernos, por ejemplo, el permitir a los acreedores garantizados (o sus representantes) registrar, buscar, enmendar o cancelar garantías reales por internet.

•  Cuando un deudor incumple sus obligaciones fuera de un procedimiento de insolvencia, los acreedores garantizados son pagados con prioridad (por ejemplo, antes que las reclamaciones fiscales o de trabajadores).

•  Cuando una empresa entra en liquidación, los acreedores garantizados son pagados con prioridad (por ejemplo, antes que las reclamaciones fiscales o de trabajadores).

•  Cuando un deudor entra en un procedimiento de reorganización judicial, los acreedores garantizados están sujetos a una suspensión automática de los procedimientos de ejecución, pero la ley protege su participación al establecer motivos claros para terminar con la suspensión automática del procedimiento (por ejemplo, si la propiedad mobiliaria no se utiliza para la reorganización o para la venta de un negocio en funcionamiento, o si existe un riesgo para su existencia), y establece una fecha límite para ello.

•  La ley permite a las partes establecer en el acuerdo de garantía que el prestamista podrá ejecutar su derecho extrajudicialmente. La ley permite las ventas públicas o privadas de los bienes y permite que el acreedor garantizado se apodere del bien en satisfacción de la deuda.

El índice varía entre 0 y 12, donde los valores superiores indican que las leyes de garantía mobiliaria y de la quiebra están mejor diseñadas para expandir el acceso al crédito.

REFORMAS

El índice de la fortaleza de los derechos legales monitorea anualmente los cambios relacionados a las transacciones garantizadas y de insolvencia. Dependiendo del impacto en los datos, algunos cambios son clasificados como reformas y enumerados en resúmenes de reformas Doing Business con el objeto de reconocer la implementación de cambios significativos. Para que una ley de transacciones garantizadas se cuente como una reforma en el estudio Doing Business, la norma debe estar completamente implementada y debe existir un registro de garantías donde se puedan registrar dichas garantías. Las reformas están divididas en dos tipos: aquellas que hacen más fácil hacer negocios y aquellos cambios que dificultan hacer negocios.

El índice de la fortaleza de los derechos legales utiliza los siguientes criterios para reconocer reformas:

Todos los cambios en leyes y reglamentaciones que tengan un impacto en la puntuación de la economía sobre la existencia de un marco jurídico que regule la creación, publicidad y el cumplimiento de los derechos de garantía sin desplazamiento sobre bienes muebles y sus equivalentes funcionales. Cada año, nuevas leyes son evaluadas para determinar si facilitan la obtención de crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas, permitiendo un máximo de flexibilidad en la elección de bienes que pueden ser usados como garantía. Son excluidas del análisis las directrices, modelos de reglas, principios, recomendaciones y jurisprudencia.

Las reformas que impactan el índice de la fortaleza de los derechos legales incluyen enmiendas a la ley de transacciones garantizadas, al código de insolvencia, o al código civil, o la adopción de nuevas leyes; así como el establecimiento o modernización de cualquiera de las características de un registro de garantías tal como es medido por los componentes de este indicador. Por ejemplo, la introducción de una ley que establezca un registro de garantías y el establecimiento en la práctica de un registro de garantías – que esté geográficamente centralizado, unificado para todo tipo de bienes muebles y para entidades constituidas como sociedades o no constituidas, y que permita búsquedas por el nombre del deudor –representaría una reforma con 1 punto de incremento y podría ser reconocida como tal en el estudio.

INFORMACIÓN CREDITICIA

Los datos sobre la distribución de la información crediticia se construyen en dos etapas. Primero, se consulta a autoridades de supervisión bancaria y otras fuentes de información pública para confirmar la existencia de un proveedor de servicios de información crediticia; ya sea un registro de crédito o un buró de crédito. Segundo, cuando sea aplicable, se envía a la propia entidad un cuestionario detallado sobre la estructura, legislación y normas asociadas al servicio de distribución de la información crediticia. Las respuestas a los cuestionarios son verificadas a través de varias rondas de seguimiento tanto con los participantes del servicio de distribución de la información crediticia como con terceras partes y otras fuentes de información pública. Los datos del cuestionario son confirmados mediante teleconferencias o visitas in situ.

Índice de alcance de la información crediticia

El índice de alcance de la información crediticia analiza las reglas y prácticas que influyen en la cobertura, alcance y accesibilidad de la información crediticia disponible bien a través de los registros de crédito o de los burós de crédito. Se asigna una puntuación de 1 para cada una de las siguientes ocho características de los registros o burós de crédito (o ambos):

•  Se divulga información crediticia tanto de individuos como de empresas.

•  Se divulga información crediticia tanto positiva (por ejemplo, cuantía del préstamo original, cantidad del préstamo e historial de pagos puntuales) como negativa (por ejemplo, pagos demorados y el número y la cantidad de impagos).

•  Se distribuyen datos de vendedores minoristas o de empresas de servicios públicos adicionalmente a los datos de los bancos y otras instituciones financieras.

•  Se distribuyen los datos históricos de al menos dos años. Los registros y burós de crédito que eliminan los datos de los impagos tan pronto como se salda la deuda o que distribuyen más de 10 años de información negativa después de que la deuda es saldada obtienen una puntuación de 0 en este componente.

•  Se dispone de información sobre préstamos inferiores al 1% del ingreso per cápita.

•  Por ley, los prestatarios tienen el derecho de acceder a sus datos personales en el registro o buró de crédito más grande de la economía. Los registros y burós de crédito que cobran más del 1% del ingreso per cápita para que los prestatarios inspeccionen sus datos obtienen una puntuación de 0 en este componente.

•  Los bancos y otras instituciones financieras pueden acceder a la información crediticia de los prestatarios en línea (por ejemplo, a través de una interfaz en la red, una conexión sistema-a-sistema o ambos).

•  Se ofrecen las puntuaciones de crédito de los prestatarios como un servicio de valor agregado para ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a evaluar su solvencia.

El índice varía entre 0 y 8; donde los valores superiores indican una mayor disponibilidad de información crediticia, ya sea de registros de crédito o de burós de crédito, lo que facilita las decisiones sobre concesión de préstamos. Si el registro o buró no es operativo o tiene una cobertura inferior al 5% de la población adulta, la puntuación en este índice es 0.

Por ejemplo, en Lituania funcionan ambos tipos de institución; un registro de crédito y un buró de crédito, que cubren a más del 5% de la población adulta. Ambos distribuyen información sobre firmas e individuos (puntuación de 1). Si bien el registro de crédito no distribuye datos sobre pagos puntuales, el buró de crédito divulga tanto información positiva como negativa (puntuación de 1). Aunque el registro de crédito no distribuye datos provenientes de minoristas o empresas de servicios públicos, el buró de crédito sí lo hace (puntuación de 1). Ambos divulgan información, como mínimo, de los dos últimos años (puntuación de 1). Tanto  el registro de crédito como el buró de crédito distribuyen datos sobre préstamos por cantidades inferiores al 1% del ingreso per cápita (puntuación de 1). Los prestatarios tienen derecho a acceder a sus datos tanto ante el buró como ante el registro de crédito sin costo alguno una vez al año (puntuación de 1). Ambas entidades proporcionan a los usuarios de la información, acceso a las bases de datos a través de una interfaz en la red (puntuación de 1). Aunque el registro de crédito no proporciona puntuaciones de crédito, el buró de crédito sí lo hace (puntuación de 1). Tras sumar estos números, Lituania obtiene una puntuación total de 8 puntos en el índice del alcance de la información crediticia.

Cobertura del buró de crédito

La cobertura del buró de crédito informa del número de individuos y empresas con datos en el registro de crédito a partir del 1 de enero de 2019, con información sobre su historial de préstamo de los últimos cinco años; más el número de individuos y empresas que no han tenido actividad crediticia en los últimos cinco años, pero sobre los cuales un prestamista ha solicitado un informe de crédito del buró en el periodo entre el 2 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2019. El número es expresado como un porcentaje de la población adulta (población con edad de entre 15 y 64 años en 2018, de acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial). Un buró de crédito se define como una empresa privada u organización sin fines de lucro que mantiene una base de datos sobre la solvencia de los prestatarios (individuos o empresas) en el sistema financiero y facilita el intercambio de información crediticia entre los acreedores. (Muchos burós de crédito apoyan actividades de supervisión bancaria y financiera en la práctica, aunque no sea su principal objetivo). No son objeto de estudio las oficinas de investigación de crédito que no permiten directamente el intercambio de información entre bancos e instituciones financieras. Si no existe un buró privado de crédito, el valor de cobertura es 0,0%.

Cobertura del registro de crédito

La cobertura del registro de crédito informa del número de individuos y empresas con datos en el registro de crédito a partir del 1 de enero de 2019, con información sobre su historial de préstamo de los últimos cinco años, más el número de individuos y empresas que no han tenido actividad crediticia en los últimos cinco años, pero sobre los cuales un prestamista ha solicitado un reporte de crédito del registro en el periodo entre el 2 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2019. El número se expresa como un porcentaje de la población adulta (población con edad de entre 15 y 64 años en 2018, de acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial). Un registro de crédito se define como una base de datos gestionada por el sector público, normalmente por el banco central o la superintendencia de bancos, que recaba información sobre la solvencia de los prestatarios (individuos o empresas) en el sector financiero y que facilita el intercambio de información entre bancos y otras instituciones financieras reguladas (mientras que su objetivo primario es apoyar a la supervisión bancaria). Si no hay un registro operativo, el valor de cobertura es 0,0%.

REFORMAS

El índice de alcance de la información crediticia monitorea anualmente cambios relacionados con la cobertura, alcance y accesibilidad de la información crediticia disponible a través de un buró de crédito o un registro de crédito. Dependiendo del impacto en los datos, algunos cambios son clasificados como reformas y enumerados en resúmenes de reformas Doing Business con el objeto de reconocer la implementación de cambios significativos. Las reformas están divididas en dos tipos: aquellas que hacen más fácil hacer negocios y aquellos cambios que lo dificultan. El índice de alcance de la información crediticia utiliza tres criterios para reconocer reformas.

Primero, todos los cambios en las leyes, reglamentaciones y prácticas que tengan un impacto en la puntuación de la economía en el índice de información crediticia son clasificados como reformas. Ejemplos de reformas que impactan el índice incluyen medidas sobre la distribución de datos positivos, además de los negativos; la distribución de información crediticia proveniente de empresas de servicios públicos o de vendedores al por menor; o la introducción de puntuaciones de crédito como un servicio de valor agregado. Cualquier cambio que mejore la puntuación de alguna economía en cualquiera de las ocho características del índice es considerado como una reforma. Algunas reformas pueden tener un impacto en más de una característica. Por ejemplo, la introducción de un nuevo buró de crédito que cubra más del 5% de la población adulta, que distribuya información sobre empresas y personas, así como datos positivos y negativos, y que provea acceso en línea a los usuarios, representa un incremento de 3 puntos en el índice. En cambio, la introducción de legislación que garantice el derecho de los prestatarios al acceso de su información en el buró o registro de crédito más grande de la economía representa una reforma con un incremento de 1 punto en el índice.

Segundo, los cambios que incrementen la cobertura del buró o registro de crédito más grande de la economía por encima del 5% de la población adulta pueden también ser clasificados como una reforma. De acuerdo con la metodología del indicador de Obtención de Crédito, si el buró o registro de crédito no está operativo o cubre menos del 5% de la población adulta, la puntuación en el índice de alcance de la información crediticia es 0. El impacto de la reforma dependerá de las características particulares del sistema de información crediticia de la economía con respecto de los ocho elementos del índice. Un incremento en la cobertura que no alcance el 5% de la población adulta no es clasificado como una reforma, pero su impacto es de todas formas reflejado en las estadísticas más actualizadas del reporte.

Tercero, ocasionalmente el índice de información crediticia reconoce como reformas cambios legislativos que no tienen un impacto en los datos del índice. Esta opción está típicamente reservada a cambios legislativos de magnitud excepcional, tales como la introducción de leyes que permitan la actividad de los burós de crédito o leyes sobre protección de datos personales.

Los detalles del indicador obtención de crédito se pueden encontrar para cada economía en http://www.doingbusiness.org. Esta metodología fue desarrollada por Djankov, McLiesh y Shleifer (2007) y se adopta aquí con cambios menores.